SENTENCIA ANUNCIADA

El guión es viejo, tanto que sorprendería que insistan tanto en su enésima repetición, si no fuera porque, en el pasado, les ha resultado tan bien.

            Al igual que hicieran en su momento con los ferrocarriles, las carreteras, la telefonía y, más recientemente, con PEMEX y CFE. Al igual que insisten en hacer aún hoy con la educación pública y el sistema de salud... La misma estrategia, tácticas idénticas, aplican hoy a las instituciones culturales del país.

De pronto, los medios voceros del poder empiezan a darse cuenta de que las instituciones culturales “no funcionan” como deberían, que el salvamento, conservación e investigación del patrimonio histórico-cultural ha entrado en crisis... E, igual que en todos los casos del pasado, señalan a los “culpables”; los trabajadores de los institutos culturales y la “sangría económica” que implican sus salarios y demás derechos laborales.

            Nadie debería sorprenderse, llevan ya tiempo con el mismo tema, incluso antes de anunciar la creación de la Secretaría de Cultura el pasado Septiembre y la concreción de ésta en Diciembre... Una secretaría que, se sabe, nació sin una ley reglamentaria ni reglamento interno.

            Una secretaría improvisada que era, finalmente, sólo un escalón indispensable en la consecución de un objetivo mucho mayor; el usufructúo de la cultura y el patrimonio histórico para fines comerciales.

El resto del camino es simple, sólo una repetición de lo que han aplicado en el pasado; ahorcamiento presupuestal para que las instituciones ahora agrupadas en la Secretaría de Cultura (Culturas Populares, INBA, INAH, CENART y etcétera) no puedan cumplir con los objetivos contemplados en sus respectivos planes anuales.

            Así, pueden presentar la “ineficacia” de estas instituciones como resultado natural no del recorte presupuestal, sino de la “ineficiencia” de la administración pública, la “corrupción inherente” a los empleados de gobierno y, como han venido haciendo, el “alto costo” de sueldos y prestaciones de éstos.

            El siguiente paso sería simple, un reglamento de la Secretaría de Cultura que, en los hechos, debilite a las instituciones más fuertes (los organismos desconcentrados INAH e INBA), aunque pueda ser presentado como un “fortalecimiento” de éstas (por ejemplo, transformándolas en sunsecretarías). Después presentar una Ley General de Cultura que arrebate el manejo de museos, zonas arqueológicas, teatros y hasta escuelas a las instituciones federales y se las entregue lo mismo a la iniciativa privada que a los gobiernos municipales y estatales.

            Todo ello implicará, para los trabajadores de estos institutos y muy particularmente para los del INAH, la reducción si no en sus ingresos directos (salario nominal), sí en las prestaciones pactadas con la autoridad inmediata y en los derechos laborales conquistados a lo largo de una larga historia de vida sindical.

            Para el país significara la turistización del patrimonio histórico-cultural, dejando de lado la necesaria investigación de éste para el entendimiento del pasado indígena del país y su presente multicultural, transformándolo en un simple espectáculo para turistas y la banalización de la cultura, presentándola únicamente como “espectáculos folclóricos” en el mejor de lo casos...

Sí, el guión es viejo, tanto que sorprendería que insistan tanto en su enésima aplicación... Si no fuera porque, en el pasado, les ha resultado tan bien.

Mario Stalin Rodríguez