Los Falsificadores de la Democracia 03

EL MÁS CARO DE LOS AHORROS

Quien no conoce la historia, dicta el lugar común, está condenado a repetirla. Lo que el dicho omite es que hay quienes, conociéndola, están muy interesados en repetirla; esgrimiendo las mejores razones y con el peor de los motivos, garantizando la perpetuidad de quien ocupa el poder, en nombre de la democracia (y sí, las cursivas son pertinentes).

            En días recientes, el poder judicial falló a favor de la llamada Ley Kunamoto (por el apellido del legislador independiente que la presentó al congreso) “Sin Voto No Hay Dinero” y, nos dicen medios normalmente identificados como progresistas, ello debería ser motivo de celebración. Si bien es cierto que, de momento, sólo se aplicará en el estado de Jalisco, en donde se interpuso la controversia constitucional que dio lugar al fallo.

            Lo correcto sería aclarar que el criterio legal aprobado, en realidad, no se refiere específicamente a esta reforma, sino a la capacidad de las entidades federativas para establecer las reglas que deben seguir los partidos políticos nacionales en procesos electorales locales, teniendo, entre otras facultades, la de regular el financiamiento de estos.

            No haría falta profundizar demasiado para darse cuenta que, en esta lógica, lo mismo que Jalisco puede aplicar la Ley Kunamoto, otras entidades federativas podrían aplicar criterios para permitir, por ejemplo, financiamientos privados a campañas locales (o a la aplicación local de campañas nacionales), dando píe a la repetición atomizada de prácticas tan oscuras como las que aplicó en el 2000 el grupo de “Amigos de Fox”.

            Las implicaciones son evidentes, pero, sorprendentemente, los medios normalmente identificados como progresistas, parecen obviarlas y centrarse sólo en lo que a la iniciativa “Sin Voto No Hay Dinero” se refiere.

En su forma actual, la reforma propone restringir el financiamiento público a los partidos políticos, supeditánlo a la cantidad de votos recibida por los mismos en los procesos electorales pasados inmediatos.

            Ello, nos dicen quienes la celebran, evitará, por una parte, que partidos minoritarios reciban grandes cantidades de recursos financieros que podrían ejercer de manera cuasi-discrecional y sin responder por ellos cuando perdieran el registro por falta de votos.

            También, agregan, evitaría el despilfarro que los partidos mayoritarios hacen de la ingente cantidad de recursos que se les asigna, contratando publicidad extemporánea y prácticas aún más funestas como la compra de votos a través de esquemas como las tarjetas electrónicas que el PRI utilizó en el proceso federal del 2012 y en diversos procesos locales (como el del Edomex este mismo año) a partir de entonces.

            Dejando de lado que el criterio de la Corte que, se supone, debemos celebrar, permitiría, en los hechos, que las autoridades locales legalizaran este tipo de prácticas en su territorio y centrándonos únicamente en la Ley Kunamoto, las contradicciones resultan más que evidentes.

            Lo primero que llama la atención es que la ley se concentra únicamente en el monto del financiamiento que los partidos recibirían, obviando la parte de la fiscalización del manejo de éstos, cuyas reglas actuales, ambiguas y bastante oscuras, deja intocadas.

            También destacan las obvias condiciones de desigualdad en las que supeditar el financiamiento a los votos recibidos anteriormente, deja a las instituciones políticas emergentes y a los candidatos independientes, pues al no tener “votaciones anteriores”, recibirían un monto significativamente menor al de los partidos mayoritarios establecidos.

            Es decir, tal cual está; la ley “Sin Voto No Hay Dinero” no sólo no combate la inequidad rampante en los procesos electorales, sino que la perpetúa, garantizando, con ello, la continuidad de los grupos en el poder.

No se promueve un esquema de idéntico financiamiento, independiente a su número de votos, a todos los partidos políticos o fortalecer los mecanismos de fiscalización, amén de prohibir la contratación de publicidad por fuera de los órganos reguladores, medidas todas que garantizarían la equidad en las contiendas electorales.

            Porque no es la equidad ni, por supuesto, el acceso de grupos emergentes a los puestos de decisión, lo que interesa a los falsificadores de la democracia... Garantizar la continuidad e inmutabilidad de quienes ejercen el poder pareciera, al fin de cuentas, el motivo último de la Ley Kunamoto y es ello lo que, nos dicen, debemos celebrar...

Mario Stalin Rodríguez